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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, con fecha 5 de mayo de 2026, el licenciado Dámaso Castro Zaavedra presentó formalmente una solicitud de licencia sin goce de sueldo al cargo de Vicefiscal General del Estado. Este movimiento ocurre en medio de un contexto político y judicial complejo marcado por señalamientos internacionales contra altos funcionarios de la entidad.
De acuerdo con el comunicado oficial, la solicitud se encuentra sustentada en diversos preceptos legales, incluyendo los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento. También se apoya en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.https://x.com/FiscaliaSinaloa
Castro Zaavedra manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes, asegurando que actuará en estricto apego al marco jurídico vigente.
Señalamientos internacionales sacuden a Sinaloa
La decisión del ahora exvicefiscal se da en medio de una controversia mayor derivada de una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En dicho señalamiento, autoridades estadounidenses acusan a una red de altos funcionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas de alto poder.
La acusación fue presentada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en conjunto con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. Según el documento, existiría una estructura de complicidad institucional que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar durante años con acceso privilegiado a esferas del poder político.https://panoramaenbreve.com/rocha-moya-licencia-sinaloa-acusaciones-eeuu/
Entre los nombres mencionados en la acusación figuran personajes clave del ámbito político y de seguridad en Sinaloa, como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario Enrique Díaz Vega y el propio Dámaso Castro Zaavedra, además de exmandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez.
Todos ellos enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para el uso de armas de alto calibre. Las penas contempladas por estos delitos podrían alcanzar la cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión.
Uno de los casos más graves incluidos en la acusación es el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte, relacionado con el rapto de una fuente de la DEA y un familiar.
Efecto dominó: gobernador y alcalde también piden licencia
La situación ha generado un efecto en cadena dentro de la estructura política de Sinaloa. Previamente, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, emanado del partido Morena, solicitó licencia temporal a su cargo ante el Congreso local, en un movimiento que marca un punto de inflexión en la vida política de la entidad.
Tras su salida temporal, el Congreso del Estado designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa en medio de la crisis.https://panoramaenbreve.com/sinaloa-gobernadora-interina-rocha-moya/
De manera paralela, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia a su cargo apenas horas después del anuncio del mandatario estatal. En su lugar, Ana Miriam Ramos Villarreal asumió la presidencia municipal de forma interina, en un contexto igualmente marcado por los señalamientos internacionales.
Con la reciente solicitud de licencia de Dámaso Castro Zaavedra, suman ya tres actores políticos de alto nivel que han decidido separarse de sus funciones tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Crisis institucional y retos para Sinaloa
Este conjunto de acontecimientos coloca a Sinaloa en una situación inédita en términos políticos y judiciales. La simultánea salida de figuras clave del gobierno estatal y municipal, así como de la Fiscalía, refleja la magnitud de la crisis que enfrenta la entidad.
Analistas consideran que este escenario podría tener implicaciones tanto en la gobernabilidad como en la percepción pública de las instituciones, especialmente en materia de seguridad y justicia. La respuesta de las autoridades mexicanas, así como el desarrollo de los procesos legales en Estados Unidos, serán determinantes para el futuro político de los implicados.
Mientras tanto, las autoridades estatales han reiterado su compromiso con la legalidad y el respeto al debido proceso, en un intento por mantener la estabilidad institucional.
La evolución de este caso continuará siendo observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde la relación entre política, justicia y crimen organizado vuelve a colocarse en el centro del debate público.
