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Después de varios días de movilizaciones y una jornada de negociación que se prolongó durante cinco horas, la comunidad indígena náhuatl de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, alcanzó un acuerdo con autoridades estatales y municipales para ejercer de manera directa la administración de los recursos públicos que le corresponden.
El convenio fue formalizado durante la madrugada del 4 de julio de 2026, poniendo fin al conflicto que mantenía a pobladores en protesta y representando un precedente para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Puebla.
La Asamblea General decidirá el destino de los recursos
Como parte de los compromisos establecidos, la Asamblea General de Santa María la Alta será la instancia responsable de definir el uso y destino de los recursos económicos, con el objetivo de que sean aplicados conforme a las necesidades de la comunidad y bajo sus mecanismos de organización.
El Comité Comunitario señaló que este resultado representa el reconocimiento de su derecho a la autonomía y a la libre determinación, principios respaldados por el marco jurídico vigente para los pueblos indígenas.
Recursos estarán sujetos a supervisión y auditoría
El acuerdo establece que los recursos provenientes de los fondos de Participaciones y FORTAMUN serán administrados directamente por la comunidad, aunque su aplicación será supervisada por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado.
Asimismo, la comprobación del ejercicio del gasto quedará bajo la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, una vez que el convenio entre en vigor con la firma de las partes involucradas.
Participaron autoridades estatales, municipales y representantes indígenas
En la mesa de negociación participaron integrantes del Comité Comunitario de Santa María la Alta, encabezados por José Flores Flores, presidente del comité; Esteban Salvador Pérez, secretario; Roberto Morales Cortés, presidente auxiliar de la comunidad; Fortuna Cortés Soriano, vecino de la localidad, y Alberto Dolores Flores, consejero nacional de pueblos indígenas.
Por parte del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez acudieron el presidente municipal Martín de Jesús Camargo de la Peña, la síndico municipal Asunción Guadalupe Ballina de la Cruz y miembros del Cabildo.
También asistieron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) y de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla. https://ippi.puebla.gob.mx/
El Comité destacó además la participación del subdirector jurídico del IPPI, David Archundia López, al señalar que su intervención fue relevante para garantizar que las negociaciones se desarrollaran con apego a la legalidad y al respeto de la autonomía comunitaria.
Bloqueo carretero surgió por exigencia de recursos
Antes de alcanzarse el acuerdo, el Comité Comunitario Indígena mantenía un bloqueo sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, a la altura del paraje La Virgen, como medida de presión para exigir la entrega de los recursos que, aseguraba, corresponden a la comunidad.
Entre sus principales demandas se encontraba el reconocimiento de una población de 7 mil 812 habitantes, cifra que, afirmaban, debía utilizarse para calcular la distribución presupuestal, en contraste con el registro oficial de mil 22 personas que atribuían al Ayuntamiento.
Asimismo, acusaban a las autoridades municipales de retrasar el reconocimiento de sus derechos y de no atender oportunamente las solicitudes de diálogo para resolver el conflicto.
Comité considera que se fortalece la autonomía indígena
Tras la firma del convenio, el Comité Comunitario de Santa María la Alta afirmó que el acuerdo representa un paso importante para fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas y garantizar que las decisiones sobre los recursos públicos sean tomadas por la propia comunidad.
También agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación durante el proceso y señaló que este resultado demuestra que el diálogo y el respeto a los derechos colectivos pueden conducir a soluciones institucionales para las comunidades indígenas de Puebla.
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