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Entre los presos políticos se encuentra Ruth López una abogada y defensora de los derechos humanos quién dirigió la Unidad Anticorrupción de Cristosal en el Salvador, una organización de derechos humanos que ha denunciado sistemáticamente la corrupción, la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, la manipulación electoral y el abuso de poder por parte del gobierno de Bukele. Gracias a su invaluable labor, fue incluida en la lista de la BBC de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024.https://www.wola.org/
Su trabajo lo centró en la lucha por la justicia, la transparencia y el respeto de los derechos humanos en El Salvador, donde el autoritarismo y la corrupción están afectando el ejercicio de derechos fundamentales.
Tras meses de campañas de desprestigio y amenazas, el 18 de mayo de 2025, miembros de la Policía Nacional detuvieron en San Salvador a la destacada abogada de derechos humanos Ruth López. Durante 36 horas, ni su familia ni su equipo legal supieron dónde se encontraba, lo que diversas organizaciones internacionales denunciaron como una desaparición forzada mientras estaba bajo custodia estatal.
Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia, y es una de al menos 35 salvadoreños actualmente detenidos por motivos políticos. Estos periodistas, abogados, exfuncionarios, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos han sido encarcelados por desafiar la consolidación del poder del presidente Bukele.
Luis Benavides, esposo de Ruth López relata que la noche en que Ruth fue arrestada y la incertidumbre que siguió mientras las autoridades la trasladaban entre centros de detención, ocultando información a su familia y a su equipo legal. Luis se ha convertido en un defensor público de su liberación y de su derecho a un juicio justo y público.
Por su parte Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal explica cómo las investigaciones de Cristosal sobre corrupción y abusos contra los derechos humanos convirtieron a la organización —y a la propia Ruth— en blanco de la creciente represión del gobierno.
Además, desde 2021, Bukele ha creado la infraestructura necesaria para garantizar que el sistema judicial carezca de independencia y sea incapaz de garantizar la imparcialidad al investigar y castigar los delitos.
Ruth es una más en la lista de los presos políticos en el Salvador
Ese mismo año (2021), se creó el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador ( COFAPPES ), que documenta cómo el encarcelamiento político ha sido una herramienta clave para el presidente Bukele y sus círculos de poder. En este contexto, es importante destacar que durante su primer mandato, el estado de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022, no estaba tan consolidado, y los patrones de amenaza, intimidación y persecución penal eran diferentes a los actuales.
Con la consolidación del estado de excepción como instrumento jurídico y político, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Bukele están adoptando una estrategia para perseguir a las voces críticas. Tras la imposición de reformas electorales y la exclusión total de la oposición política del proceso electoral, Bukele fue reelegido en febrero de 2024 y lanzó una ola de ataques y acoso contra figuras clave del ámbito cívico: defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y líderes sociales.
Según datos recientes de COFAPPES, a septiembre de 2025, hay 35 personas encarceladas por motivos políticos. Entre ellas se encuentran presos de conciencia, como Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos; Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental; y José Ángel Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, quienes fueron detenidos por su participación en una protesta pacífica contra el desalojo forzoso de la comunidad de El Bosque.
Otro preso político es el defensor Fidel Zavala, portavoz de la Unión para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), quien fue arrestado el 25 de febrero de 2025 durante un operativo en el que las autoridades salvadoreñas allanaron la sede de la organización. Su caso ha generado profunda preocupación, dado que Zavala presenció y denunció actos de tortura y malos tratos en prisiones bajo el estado de excepción.
En su último informe sobre El Salvador, de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó las pésimas condiciones de los presos.
En total, las organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte por diversas causas de al menos 430 personas encarceladas bajo el estado de excepción.
Entre los fallecidos bajo custodia estatal se encuentra José Leonidas Bonilla Torres, un líder sindical arrestado el 26 de abril de 2022, quien murió el 5 de septiembre del mismo año por falta de atención médica; su familia recibió su carta de liberación al momento de su entierro.
Mario Alberto Mijango Menjívar, quien había sido arrestado antes del gobierno de Bukele por su papel en la negociación de una tregua entre el gobierno del FMLN y las pandillas salvadoreñas durante el gobierno de Funes, murió en prisión en julio de 2022 a causa de un cáncer, luego de que se le negara la libertad por razones humanitarias.
Franklin Gabriel Izaguirre, un líder sindical detenido en virtud del estado de excepción desde junio de 2022, padecía diabetes e hipertensión y falleció en septiembre de 2023.
Alejandro Muyshondt, exmiembro de la agencia de inteligencia estatal durante la administración de Bukele (2019-2023), fue torturado y murió en un hospital público. Su caso es emblemático porque expertos forenses contratados por Human Rights Watch tuvieron acceso a la autopsia, que reveló claramente actos de tortura física. Fue arrestado el 9 de agosto de 2023 y permaneció incomunicado durante casi seis meses, tiempo durante el cual su familia no recibió información sobre su paradero.
Con información de la fundación de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
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