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El presunto involucramiento de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en una operación dentro de México volvió a encender el debate sobre la soberanía nacional, luego de que la cadena estadunidense CNN revelara que la explosión de una camioneta Toyota donde viajaba Francisco Beltrán, alias “El Payín”, integrante del Cártel de Sinaloa, habría sido resultado de una operación encubierta realizada por una división especial del servicio secreto norteamericano.
De acuerdo con el reportaje firmado por cuatro periodistas y basado en “múltiples fuentes”, la operación habría sido ejecutada por la llamada Ground Branch o División Terrestre de la CIA, como parte de una estrategia más amplia impulsada por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, cuyo objetivo sería desmantelar redes criminales ligadas a los cárteles mexicanos.
El hecho ocurrió el pasado 29 de marzo, mientras Beltrán circulaba sobre la carretera entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Ciudad de México. La publicación señala que agentes de la CIA han participado desde el año pasado en ataques letales contra integrantes de organizaciones criminales dentro del territorio mexicano, principalmente mandos medios.
“La letalidad de sus operaciones ha aumentado seriamente”, citó CNN a una de las fuentes consultadas, asegurando además que se trata de “una expansión significativa” de las acciones que la agencia estadunidense estaría dispuesta a ejecutar dentro de México.
Gobierno de México rechaza operaciones extranjeras
La difusión del reportaje provocó reacciones inmediatas tanto en redes sociales como en el ámbito político, donde usuarios y analistas cuestionaron el impacto que tendría una presunta intervención extranjera en territorio nacional, especialmente en medio del discurso de defensa de la soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante el revuelo generado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó la versión difundida por CNN sobre la supuesta localización de un artefacto explosivo en el vehículo relacionado con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026.
La dependencia precisó que las investigaciones continúan en curso y que, hasta el momento, no existe una conclusión oficial sobre las causas del fallecimiento de las dos personas involucradas en el caso.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Gobierno de México rechaza “categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.
El funcionario sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos sí existe y ha permitido resultados relevantes en el combate al crimen organizado, aunque subrayó que dicha relación se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Crece presión desde Estados Unidos
El contexto se vuelve aún más delicado debido a las recientes declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido en distintas ocasiones que, si el gobierno mexicano no actúa contra el narcotráfico, Washington podría intervenir de manera más agresiva.https://panoramaenbreve.com/donald-trump-tension-mexico-claudia-2026/
A estas declaraciones se sumó Terry Cole, jefe de la DEA, quien este día aseguró ante el Congreso estadounidense que las acusaciones contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya serían apenas el inicio de una ofensiva contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
“No nos detendremos”, sentenció el funcionario norteamericano, elevando aún más la tensión política entre ambos países.https://x.com/i/status/2054322173796606065
Mientras tanto, el caso continúa generando incertidumbre y cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad, así como sobre los límites que Estados Unidos estaría dispuesto a cruzar en territorio mexicano en su lucha contra los cárteles.
El tema ya se encuentra en el centro del debate público en México y amenaza con convertirse en uno de los episodios más sensibles de la relación bilateral en materia de seguridad y soberanía nacional.
