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El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, pese a las versiones difundidas en algunos medios y redes sociales que señalaban que habría obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria.
La información surgió a partir de versiones extraoficiales que apuntaban a que un Tribunal Federal habría concedido un amparo promovido por su defensa para modificar la medida cautelar que enfrenta. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución oficial que confirme ese cambio, por lo que su situación jurídica permanece sin modificaciones.
Article 19 asegura que Mario Marín sigue en prisión
Ante la difusión de esas versiones, Article 19 México y Centroamérica, organización que representa legalmente a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, informó que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre un cambio de medida cautelar a favor del exgobernador. https://articulo19.org/
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la organización confirmó que Mario Marín permanece internado en el Cefereso No. 1 “Altiplano” y advirtió que cualquier modificación de su situación jurídica sin notificar previamente a la víctima y a su representación constituiría una grave violación al debido proceso, con posibles responsabilidades penales y administrativas para las autoridades involucradas.
Asimismo, hizo un llamado a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a difundir únicamente información corroborada oficialmente y exhortó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a emitir un pronunciamiento inmediato sobre el estado actual de privación de la libertad del exgobernador.
Gabinete de Seguridad confirma que no ha cambiado su situación jurídica
Horas después, el Gabinete de Seguridad de México confirmó que Mario Marín no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica y que continúa privado de la libertad.
A través de un comunicado informó:
“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1.”
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales, con el propósito de evitar la difusión de versiones no confirmadas.
Con este pronunciamiento, las autoridades federales descartaron que exista, hasta el momento, alguna modificación oficial en la medida cautelar que enfrenta el exmandatario poblano.
El proceso penal que enfrenta el exgobernador
Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Desde entonces enfrenta un proceso penal por ese delito y permanece privado de la libertad en el penal federal del Altiplano. En agosto de 2024 obtuvo una resolución que le concedía prisión domiciliaria; no obstante, esa medida fue revocada semanas después por un tribunal federal tras un recurso promovido por la FGR y la representación jurídica de la víctima, por lo que continuó recluido en el Cefereso No. 1.
El caso se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, en el que documentó una red de explotación sexual de niñas y niños y señaló presuntos vínculos entre empresarios y funcionarios públicos.
Tras la publicación, la periodista fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por policías poblanos y trasladada por carretera hasta Puebla, recorrido durante el cual denunció amenazas, intimidaciones y actos de tortura psicológica.
Años después, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Mario Marín por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, al considerar que la detención y el traslado de la periodista fueron una represalia por su trabajo de investigación.
El caso es considerado uno de los precedentes más relevantes en México sobre violencia contra periodistas, libertad de expresión y protección de los derechos humanos, al evidenciar el presunto uso de instituciones públicas para perseguir el ejercicio periodístico.
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