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Las organizaciones exigen el respeto a la libertad de expresión y al trabajo de periodistas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y periodistas expresaron su preocupación por presuntas irregularidades cometidas durante la detención de activistas y comunicadoras en San Luis Potosí, al advertir que los hechos podrían representar violaciones graves al debido proceso y generar un ambiente adverso para la libertad de expresión y la Libertad de prensa en México.
Las agrupaciones señalaron que la falta de información clara sobre las personas detenidas y las denuncias de incomunicación configuran un escenario de opacidad incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.https://x.com/i/status/2058342262220947888
En el pronunciamiento difundido por las organizaciones firmantes, se menciona particularmente el caso de Christian Herrera, sobre quien se denunció presunta incomunicación tras su detención, situación que genera preocupación por posibles afectaciones a derechos fundamentales.
Asimismo, señalaron irregularidades reportadas durante la detención y traslado de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, las cuales podrían constituir vulneraciones a garantías esenciales del debido proceso.

Entre las preocupaciones expresadas destacan la presunta limitación al acceso inmediato a información sobre los cargos imputados, obstáculos para contar con una defensa adecuada y la falta de contacto oportuno con familiares y representación legal.
Las organizaciones también manifestaron inquietud por el uso de la prisión preventiva en un caso relacionado con expresiones y contenidos digitales, advirtiendo que este tipo de medidas podría interpretarse como un mecanismo de presión contra voces críticas y personas vinculadas al activismo y la comunicación.
Indicaron que cualquier actuación judicial debe realizarse bajo estrictos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, especialmente cuando se trata de casos relacionados con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades de San Luis Potosí para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se conduzcan con total apego a los principios de legalidad, transparencia y respeto a las garantías individuales.
Además, exhortaron a evitar el uso del derecho penal como herramienta de silenciamiento contra activistas, comunicadoras y voces críticas, al considerar que ello representa un riesgo para el ejercicio democrático y la Libertad de prensa.
Las agrupaciones también exigieron claridad sobre la situación jurídica de las personas detenidas, así como información precisa respecto al sustento legal de las imputaciones formuladas en su contra.

En el posicionamiento conjunto se insistió en la necesidad de asegurar el respeto irrestricto a las garantías judiciales y al derecho de toda persona a un proceso justo, particularmente en asuntos vinculados con opiniones, publicaciones o contenidos difundidos en plataformas digitales.
El documento fue respaldado por organizaciones defensoras de periodistas y derechos humanos, entre ellas ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité de Protección a Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, A.C., Propuesta Cívica, Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.
Las organizaciones coincidieron en que el respeto a la libertad de expresión y al trabajo de periodistas y activistas resulta fundamental para el fortalecimiento democrático del país, por lo que demandaron investigaciones transparentes y autoridades comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.
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