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Los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos y quien también se desempeñó como asesor político de distintos funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron identificados mediante pruebas de genética forense tras haber sido localizados en una fosa clandestina en San José del Cabo, Baja California Sur.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó que los restos óseos corresponden al exfuncionario, quien había sido reportado como desaparecido después de separarse de su cargo en el Ayuntamiento de Los Cabos.
El hallazgo ocurrió el pasado 13 de julio en una brecha de terracería que conduce hacia la colonia La Ballena. La zona fue asegurada y procesada por personal especializado, mientras que la osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los estudios correspondientes.
Un video con coordenadas llevó a las autoridades hasta la fosa
Las labores de búsqueda en la zona se activaron luego de que comenzó a circular en redes sociales un video atribuido presuntamente a una integrante de un grupo delictivo.
En el material se hacía referencia a la supuesta privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato de un hombre identificado con el alias de “El Cazabaches”, sobrenombre que había sido relacionado con Beltrán Olmeda. El video también contenía coordenadas que supuestamente señalaban el sitio donde habría sido enterrado.
De acuerdo con los reportes, las coordenadas coincidieron con el área donde posteriormente fue localizada la inhumación clandestina.
En las labores de búsqueda y exhumación también participó el colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos. Tras la localización de los restos, se documentaron algunas prendas que contribuyeron al proceso de identificación: una camisa blanca de manga larga, pantalón de mezclilla azul de la marca Levi’s, calcetines negros y ropa interior azul de Calvin Klein.
Alberto Beltrán había renunciado al Ayuntamiento antes de desaparecer
La última aparición pública de Carlos Alberto Beltrán Olmeda ocurrió el 25 de mayo de 2026, cuando anunció su salida de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.
Durante una conferencia de prensa, explicó que su separación obedecía a motivos personales y negó que estuviera relacionada con diferencias con el entonces alcalde Christian Agúndez Gómez.
Su salida ocurrió después de que su nombre apareciera en mantas con amenazas colocadas en diferentes puntos del municipio, además de publicaciones en las que se le señalaba por presuntos vínculos con integrantes de grupos criminales. El exfuncionario rechazó públicamente esas acusaciones y negó tener relación con la delincuencia organizada.
Beltrán Olmeda había llegado al Ayuntamiento de Los Cabos en febrero de 2022 como asesor de Presidencia municipal, durante la administración de Óscar Leggs Castro.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023 asumió la Oficialía Mayor, desde donde tuvo responsabilidades relacionadas con recursos humanos, recursos materiales y distintos procedimientos administrativos del gobierno municipal.
Tras el cambio de administración, continuó en el cargo. En septiembre de 2024, el Cabildo de Los Cabos aprobó nuevamente su designación como oficial mayor, ahora durante el gobierno encabezado por Christian Agúndez Gómez.
Su trayectoria política incluyó vínculos con funcionarios de Sinaloa
Antes de incorporarse al gobierno municipal de Los Cabos, Beltrán Olmeda desarrolló actividades de asesoría política en Sinaloa y Sonora.
De acuerdo con un currículum atribuido al exfuncionario y disponible mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2021 y febrero de 2022 colaboró como asesor político de diferentes servidores públicos.
Entre los nombres mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, además de Margoth Urrea Pérez, exalcaldesa de Navolato, y Gerardo Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome. https://x.com/rochamoya_
También tuvo experiencia en el ámbito legislativo, al desempeñarse entre 2015 y 2018 como asesor de integrantes de la Cámara de Diputados, entre ellos Susana Corella Platt y Bernardino Antelo Esper.
Su nombre también apareció relacionado con la empresa BOATIP de México S.A. de C.V., desarrolladora de la plataforma digital Komuna, durante el proceso electoral de 2021.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la aplicación permitía asignar actividades de promoción en redes sociales para candidatos de Morena a cambio de puntos que podían canjearse por distintos beneficios. Entre los políticos promovidos se encontraba Víctor Manuel Castro Cosío, entonces candidato a la gubernatura de Baja California Sur.
En mayo de 2021, los partidos PAN, PRI y PRD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación sobre el funcionamiento de la plataforma y señalar posibles irregularidades relacionadas con financiamiento y coacción del voto. Morena rechazó entonces los señalamientos.
Investigaciones periodísticas también señalaron a Beltrán Olmeda como presunto operador financiero de aquella campaña, aunque dichas acusaciones fueron materia de señalamientos públicos y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.
Fiscalía mantiene abierta la investigación
Tras confirmar la identidad de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa de muerte ni han dado a conocer la identidad de alguna persona detenida como responsable del homicidio.
Las investigaciones buscan establecer qué ocurrió con el exfuncionario desde su desaparición, determinar quiénes participaron en los hechos y esclarecer los motivos detrás de su muerte.
La Procuraduría de Baja California Sur informó que agentes de investigación continúan con las diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento total del caso y la identificación de los responsables.
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