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La extorsión alcanzó durante el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo enero-junio de los últimos 11 años, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomada por el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Entre enero y junio de este año se contabilizaron 6 mil 562 víctimas de extorsión, cifra que representa un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a 551 víctimas adicionales y coloca a este delito como el único de los principales ilícitos analizados que registró un comportamiento al alza durante los primeros seis meses del año.
El organismo empresarial advirtió que las cifras oficiales podrían representar solamente una parte del problema, debido al elevado nivel de casos que no llegan a las autoridades.
Extorsión mantiene una tendencia ascendente en México
El análisis de COPARMEX señala que el crecimiento de la extorsión no se concentra en una sola región del país. Durante el primer semestre de 2026, 19 entidades federativas reportaron un aumento en el número de víctimas respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas para un primer semestre en los últimos 11 años, lo que evidencia una expansión del delito tanto en términos de incidencia como territorialmente.
Entre las entidades que presentaron los incrementos porcentuales anuales más pronunciados se encuentra Chihuahua, donde los registros pasaron de cuatro a 97 víctimas, equivalente a un aumento de 2 mil 325%.
En Zacatecas, el número de víctimas aumentó de 35 a 228, un crecimiento de 551.4%; mientras que Yucatán pasó de una a cinco víctimas, con un incremento de 400%. Por su parte, Tabasco registró un aumento de 184.2%, al pasar de 82 a 233 víctimas.
Sin embargo, al considerar la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, el panorama cambia y coloca a otras entidades entre las primeras posiciones. Morelos encabezó este indicador con 18.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Querétaro, con 15.5; Zacatecas, con 13.2; Ciudad de México, con 12.7, y Baja California Sur, con 12.4.
La incidencia también presenta una importante concentración municipal. De los 20 municipios con las tasas más elevadas del país, 10 se encuentran en solamente dos entidades: cinco municipios corresponden a Guanajuato y cinco alcaldías a la Ciudad de México.
El registro municipal más elevado corresponde a Cuautla, Morelos, con una tasa de 61.1 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes.
Siete de cada 10 extorsiones ocurren a distancia
Además del incremento en el número de víctimas, el comportamiento del delito muestra una transformación en las formas utilizadas para cometerlo.
De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, durante el primer semestre de 2026, siete de cada 10 extorsiones fueron cometidas a distancia, principalmente mediante internet, redes sociales o llamadas telefónicas.
En contraste, dos de cada 10 casos fueron presenciales, mientras que el resto corresponde a tentativas.
El análisis también identifica diferencias entre las entidades respecto a las tentativas de extorsión. 13 estados superaron el promedio nacional de 14%, entre ellos Campeche, Aguascalientes y Tabasco.
Para COPARMEX, estos cambios muestran que el fenómeno requiere estrategias capaces de responder tanto a las modalidades tradicionales como a las nuevas formas de contacto utilizadas por los delincuentes.
La gravedad del problema aumenta si se considera que, según datos del INEGI citados por el organismo empresarial, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra. Esto significa que las estadísticas oficiales no reflejan la totalidad de los hechos que enfrentan ciudadanos y empresas.
Extorsión, el único delito que aumentó durante el semestre
El comportamiento de la extorsión contrasta con el registrado por otros delitos durante los primeros seis meses de 2026.
Según el análisis presentado por COPARMEX, el asesinato disminuyó 29.6%, mientras que el homicidio doloso bajó 30.1%. En el caso del feminicidio, la reducción fue de 10.7%; el secuestro disminuyó 25.3%; el robo a negocio, 7.3%; el robo a transportista, 19.4%, y el robo de vehículo, 16.9%.
En este contexto, la extorsión se convirtió en el principal delito de los analizados que mostró una tendencia ascendente durante el primer semestre.
COPARMEX identifica entidades con mayor riesgo de extorsión
Para dimensionar el problema más allá de las denuncias registradas, COPARMEX desarrolló el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), una herramienta que combina tres variables. https://coparmex.org.mx/
La primera es la magnitud del delito, calculada con información del SESNSP y con un peso de 50% dentro del indicador. Las otras dos variables son la cifra oculta y la percepción de inseguridad, ambas con información del INEGI y un peso de 25% cada una.
El índice establece que 14 entidades presentan un nivel superior al promedio nacional, ubicado en 49.7%.
Entre los movimientos más relevantes destaca Guerrero, que avanzó del lugar 11 al quinto dentro del ranking nacional. También mejoraron sus posiciones Sinaloa, que pasó del lugar 22 al 17, y Michoacán, que avanzó del 16 al 13.
En sentido contrario, Tlaxcala descendió del lugar 17 al 23, mientras que Baja California pasó del séptimo al duodécimo lugar y Jalisco del 23 al 28.
El objetivo del indicador es ubicar las zonas donde la extorsión representa una mayor amenaza y, con ello, identificar dónde es necesario reforzar las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar el delito.
COPARMEX pide fortalecer las instituciones
Ante este escenario, COPARMEX planteó la necesidad de pasar del diagnóstico a la aplicación efectiva de las herramientas contempladas en la legislación.
Entre sus principales exigencias se encuentra concluir la homologación de las legislaciones estatales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
También pidió garantizar los recursos suficientes para que las fiscalías locales puedan operar unidades especializadas contra la extorsión, conforme a lo establecido en el artículo 13 de dicha legislación.
El organismo empresarial propuso, además, dar seguimiento al trabajo de las fiscalías mediante sus Centros Empresariales, instalar inhibidores en los centros penitenciarios para impedir comunicaciones desde estos espacios, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley General, y verificar que las medidas sean implementadas una vez cumplidos los plazos correspondientes.
COPARMEX sostuvo que enfrentar la extorsión requiere instituciones con capacidad de respuesta, coordinación y una aplicación efectiva de la ley, al considerar que de ello dependen no sólo la seguridad de la población, sino también la continuidad de las empresas y las condiciones de confianza necesarias para la inversión.
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