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Un terremoto político de escala internacional continúa creciendo tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una red de altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas de alto poder.
El señalamiento, presentado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, expone lo que calificaron como una estructura de complicidad institucional que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar durante años con acceso privilegiado al poder político.https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/governor-sinaloa-and-nine-other-current-and-former-mexican-officials-charged-drug
La red bajo investigación
En la acusación figuran nombres clave del aparato gubernamental sinaloense: el senador Enrique Inzunza Cazarez; el exsecretario Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto Damaso Castro Zaavedra; y exmandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez, entre otros.
Todos enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para el uso de armas de alto calibre. Las penas contempladas alcanzan la cadena perpetua, con mínimos obligatorios de 40 años de prisión.
Uno de los casos más graves es el de Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, acusado además de secuestro con resultado de muerte, relacionado con el rapto de una fuente de la DEA y un familiar.
Rocha Moya: del poder a la acusación
La atención se centra en Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder en Sinaloa cobijado por el partido Morena bajo la bandera de la llamada Cuarta Transformación.
Hoy, ese proyecto político enfrenta uno de sus momentos más críticos. El propio gobernador no solo rechazó las acusaciones, sino que elevó el tono del discurso al considerar que el caso trasciende su persona.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó.
El mandatario sostuvo que la acusación forma parte de “una perversa estrategia” que busca violentar el orden constitucional mexicano, particularmente la soberanía nacional consagrada en el artículo 40 de la Constitución.https://x.com/i/status/2049577651501723859
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, añadió.
Respaldo político y tensión institucional
Tras el anuncio, Rubén Rocha Moya aseguró haber hablado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien —según dijo— le expresó su respaldo.https://x.com/Claudiashein
Sin embargo, el caso escaló rápidamente al ámbito judicial. La Fiscalía General de la República informó que ya analiza las solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra el gobernador y otros implicados.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, confirmó que la notificación ya fue recibida y que se revisa conforme a los protocolos legales.
“En este como en cualquier otro caso de solicitud internacional debemos cumplir con todos los protocolos”, señaló.https://x.com/FGRMexico
El funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía analizar si existen elementos suficientes para proceder con órdenes de aprehensión. No obstante, precisó que, hasta el momento, la solicitud “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.
Un historial bajo la lupa
El nombre de Rubén Rocha Moya no es ajeno a la polémica. Desde hace tiempo, distintos señalamientos mediáticos lo han vinculado con organizaciones criminales, aunque sin resoluciones judiciales en su contra.
Uno de los episodios más recordados ocurrió el 24 de octubre de 2024, cuando diputados de Morena le expresaron respaldo público con consignas de “¡No estás solo!” durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
Ese momento se dio días después de que Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, difundiera una carta en la que afirmaba que el día de su captura —25 de julio de 2024— tenía previsto reunirse con el gobernador de Sinaloa.
Aunque en su momento no hubo consecuencias legales, el episodio dejó una sombra persistente que hoy vuelve a cobrar relevancia tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
Un escándalo que apenas comienza
El caso, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, podría convertirse en uno de los procesos más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Mientras las autoridades estadounidenses sostienen que buscan desmantelar redes de corrupción que sostienen al narcotráfico, el discurso desde Sinaloa apunta a una confrontación política y a la defensa de la soberanía nacional.
En medio de versiones encontradas, lo cierto es que las acusaciones han abierto más preguntas que respuestas. ¿Se trata de un golpe judicial con sustento o de un conflicto político internacional?
Por ahora, el impacto ya es profundo. Y el desenlace, aún incierto, podría redefinir no solo el futuro de Rubén Rocha Moya, sino el equilibrio político entre México y Estados Unidos.
