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La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo formalmente la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio dentro de su domicilio en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz. A diez días de los hechos, las autoridades continúan sin localizar a la comunicadora.
La decisión fue confirmada por la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, durante una conferencia de prensa en la que informó que la carpeta de investigación fue entregada a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia federal encargada de indagar agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

La funcionaria explicó que, aunque la investigación quedará bajo la conducción de la Federación, la Fiscalía estatal continuará colaborando en las labores de búsqueda y en el intercambio de información para agilizar las investigaciones.
“La atracción corresponde a una facultad constitucional de la Fiscalía General de la República. Nosotros continuaremos trabajando y colaborando para dar con el paradero de la periodista”, señaló Jiménez Aguirre.
De acuerdo con las autoridades, durante los primeros días posteriores a la desaparición se realizaron entrevistas, dictámenes periciales y diversas acciones de búsqueda en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y federales.
La desaparición de Roxana Guzmán fue denunciada luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera violentamente en su vivienda durante la madrugada del 2 de junio. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y posteriormente fue difundido en redes sociales, generando una fuerte preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
En las imágenes se observa a tres sujetos encapuchados y portando armas largas que fuerzan el acceso al inmueble para ingresar por la fuerza. Una vez dentro, amenazan a las personas presentes y sustraen a la periodista.

Tras la difusión del video, la Fiscalía de Veracruz confirmó la desaparición e inició una investigación en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad. https://x.com/FGR_Ver
Jiménez Aguirre informó que la dependencia estatal mantenía abiertas dos líneas de investigación relacionadas con el caso, aunque evitó ofrecer detalles para no comprometer el desarrollo de las indagatorias.
Asimismo, rechazó las versiones que circularon recientemente sobre una posible relación entre cuatro personas detenidas en operativos distintos y la desaparición de la comunicadora. La fiscal aclaró que hasta el momento no existe información oficial que permita establecer ese vínculo.
Reportes recientes señalan que al menos seis presuntos implicados han sido detenidos durante las investigaciones, sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente si dichas capturas están directamente relacionadas con el secuestro de la periodista.
La desaparición de Roxana Guzmán vuelve a colocar en el centro del debate la situación de riesgo que enfrentan periodistas y comunicadores en México, considerado desde hace años uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por el caso. Desde el mismo día de la desaparición, Artículo 19 exigió a las autoridades que la actividad periodística de Guzmán fuera considerada una línea prioritaria de investigación y que se aplicaran los protocolos especializados para delitos contra la libertad de expresión.
Por su parte, la Alianza de Medios MX condenó los hechos y demandó una respuesta efectiva de las autoridades para garantizar la localización de la reportera y el esclarecimiento del caso.
La preocupación de estos organismos se sustenta en un contexto marcado por la violencia y la impunidad. Datos de organizaciones defensoras de periodistas indican que, desde el año 2000, al menos 174 comunicadores han sido asesinados en México y otros 33 permanecen desaparecidos.

La situación no ha mejorado significativamente en los últimos años. Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció, según registros elaborados a partir de información de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas.
Las cifras de acceso a la justicia también reflejan la magnitud del problema. Desde la creación de la FEADLE en julio de 2010 y hasta septiembre de 2025, únicamente se han obtenido nueve sentencias por homicidio de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio, pese a que organizaciones especializadas documentan más de un centenar de asesinatos y múltiples desapariciones en ese mismo periodo.
En este contexto, la desaparición de Roxana Guzmán representa un nuevo desafío para las autoridades mexicanas, que enfrentan la exigencia de localizar a la periodista con vida, esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Mientras continúan las investigaciones federales, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión mantienen el llamado para que el caso no quede impune y para que se refuercen las acciones de protección hacia quienes ejercen el periodismo en regiones marcadas por la violencia y la presencia del crimen organizado.
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