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El nombre del Colegio Carrusel Magone se ha colocado en el centro de un escándalo que ha sacudido a Puebla, tras el hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro de sus instalaciones, situación que ha detonado denuncias de posibles abusos contra menores y una exigencia social urgente de justicia.
La noche del 13 de abril marcó un punto de quiebre. Padres de familia, alertados por testimonios de alumnos, ingresaron al plantel ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas y localizaron una habitación oculta, señalada por estudiantes como un sitio al que eran llevados. De acuerdo con Periódico Central, en el lugar se encontraron objetos diversos y ropa, lo que incrementó las sospechas sobre actividades irregulares dentro del espacio.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un sitio improvisado y apartado, lo que ha generado indignación y temor entre la comunidad. Para los padres, no se trata de un hecho aislado, sino de una posible cadena de situaciones graves que, aseguran, deben investigarse a fondo.
La reacción no se hizo esperar. Decenas de madres y padres se congregaron frente al Colegio Carrusel Magone, donde realizaron protestas exigiendo la intervención inmediata de las autoridades y garantías de seguridad para sus hijos. Entre consignas y reclamos, advirtieron que no permitirán que el caso quede impune ni que se minimice la gravedad de lo ocurrido.
En medio de la tensión, la Secretaría de Educación Pública estatal confirmó el inicio de una revisión administrativa al colegio y ordenó la suspensión temporal de clases presenciales, mientras avanzan las indagatorias. Sin embargo, la falta de una postura oficial por parte de la institución educativa ha sido interpretada por los padres como silencio preocupante.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya abrió una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial para realizar diligencias en el inmueble. La dependencia trabaja en la identificación de posibles víctimas y en la recolección de testimonios que permitan esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.
Uno de los puntos más controvertidos ocurrió horas después del hallazgo. Según denunciaron los propios padres, la directora del plantel habría ordenado la llegada de un camión de mudanza antes de la medianoche para vaciar el espacio descubierto, a pesar de la oposición directa de los tutores. Esta acción ha sido señalada como un posible intento de alterar o desaparecer evidencia clave, lo que podría agravar la situación legal.
El caso ya escaló a instancias formales. El área jurídica de la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación de Desarrollo Educativo han sido notificadas, mientras que los padres de familia anunciaron que acudirán ante la Fiscalía para presentar denuncias formales y exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Hoy, el Colegio Carrusel Magone no solo enfrenta cuestionamientos, sino una presión social creciente que exige claridad, justicia y protección para los menores. La indignación colectiva ha dejado un mensaje contundente: cualquier indicio de abuso o encubrimiento debe ser investigado sin reservas, y los responsables deben responder ante la ley.
Este caso no es solo un hecho aislado; es un llamado urgente a reforzar la vigilancia en las escuelas, a escuchar a los menores y a no ignorar señales que podrían evitar tragedias. En Puebla, la exigencia es clara: verdad, justicia y garantías de que hechos como estos no se repitan.
