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La escena política nacional entró en una nueva etapa de tensión luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera citatorios contra figuras clave de los estados de Chihuahua y Sinaloa, en medio de investigaciones que han escalado al terreno nacional e incluso internacional.
Los llamados a comparecer involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador de Morena, Enrique Inzunza; y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, generando una ola de reacciones políticas, cuestionamientos y especulaciones sobre el trasfondo de las investigaciones.
Mientras algunos sectores consideran que las acciones de la FGR representan un paso institucional dentro de investigaciones complejas, otros advierten una posible confrontación política que podría intensificarse rumbo a los próximos movimientos electorales y de poder en el país.
Rocha Moya e Inzunza responden a la FGR; defienden su honor y trayectoria
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó públicamente que recibió un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República. A través de redes sociales, el mandatario aseguró que acudirá al llamado de la autoridad “con la frente en alto” y afirmó no tener nada que ocultar.
Rocha Moya sostuvo que su trayectoria pública respalda su actuar y envió un mensaje dirigido tanto a los sinaloenses como a los integrantes de la llamada Cuarta Transformación, reiterando su confianza en que “la verdad habrá de prevalecer”.
El caso ha llamado especialmente la atención debido a que la comparecencia ocurre en el contexto de investigaciones relacionadas con acusaciones formuladas desde una Corte Federal de Estados Unidos, donde surgieron señalamientos sobre presuntos nexos de personajes políticos con organizaciones criminales.
Junto a Rocha Moya también fue citado el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien informó que comparecerá personalmente ante la FGR y que asumirá su propia defensa jurídica.
El legislador enfatizó que no recurrirá a la inmunidad procesal que le otorga la Constitución mexicana por ocupar un cargo público, decisión que generó diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. En su posicionamiento, aseguró confiar en las instituciones democráticas y reiteró su compromiso con la legalidad.
La coincidencia de ambos citatorios abrió un intenso debate en redes sociales y círculos políticos, especialmente porque las investigaciones tocan temas altamente sensibles relacionados con seguridad, crimen organizado y cooperación internacional.
Maru Campos denuncia persecución política; Sheinbaum rechaza motivaciones partidistas
En Chihuahua, la situación tomó un rumbo distinto luego de que la gobernadora Maru Campos asegurara que existe una “persecución política” en su contra tras recibir el citatorio de la FGR relacionado con el caso del presunto narcolaboratorio descubierto en la Sierra del Pinal.
La mandataria estatal afirmó que continuará enfrentando los señalamientos y sostuvo que seguirá “dando la cara” ante los ciudadanos. Sus declaraciones provocaron una inmediata polarización entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que debe colaborar plenamente con las investigaciones sin politizar el tema.
El caso de Chihuahua adquirió notoriedad nacional desde abril pasado, cuando autoridades estatales y fuerzas federales realizaron un operativo en la Sierra del Pinal durante los días 17 y 18. La acción buscaba combatir actividades ligadas al crimen organizado; sin embargo, posteriormente surgieron versiones sobre una supuesta participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad dentro del territorio estatal.https://panoramaenbreve.com/chihuahua-fgr-cita-gobernadora-operativo-sierr/
Esa posibilidad detonó un debate político y diplomático que elevó la presión sobre el gobierno estatal y colocó a Chihuahua en el centro de la discusión pública.
Tras las críticas y cuestionamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre los citatorios emitidos por la FGR y respondió tajantemente que “no tiene nada de político”.
La mandataria federal respaldó la actuación institucional de la Fiscalía y negó que exista una intención de persecución contra los funcionarios involucrados.
En la misma línea, la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que los citatorios forman parte de procedimientos ordinarios dentro de investigaciones en curso y subrayó que las personas requeridas están siendo llamadas en calidad de testigos.https://x.com/i/status/2058324022408950149
La dependencia enfatizó que la FGR es un órgano autónomo y que sus actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley, sin motivaciones partidistas.
Aun así, el tema continúa generando controversia debido a la magnitud de los personajes involucrados y al delicado contexto nacional de seguridad. Analistas advierten que las comparecencias podrían convertirse en un punto de quiebre político, especialmente si las investigaciones derivan en nuevos testimonios, filtraciones o revelaciones.
En medio de un país marcado por la violencia y la disputa política, los casos de Chihuahua y Sinaloa vuelven a colocar bajo la lupa la relación entre poder, seguridad y justicia, en un momento donde cada declaración pública tiene impacto nacional y donde la ciudadanía observa con atención si las investigaciones terminarán aclarando los hechos o profundizando aún más la confrontación política.
