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En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván destacó el desmantelamiento del que calificó como el narcolaboratorio más grande del que se tenga registro en el estado, en un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Este hecho, considerado un golpe significativo al crimen organizado, se ha visto envuelto en una creciente polémica por la presunta participación de agentes extranjeros en labores de seguridad dentro del territorio estatal.https://x.com/MaruCampos_G
Durante su declaración, la mandataria subrayó la magnitud del laboratorio, dedicado a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas como el cristal. Señaló que este tipo de sustancias representan una amenaza grave al tejido social, al afectar directamente a comunidades, familias y particularmente a niñas, niños y jóvenes. Campos Galván reconoció el trabajo conjunto de las fuerzas estatales y federales, destacando que el operativo refleja avances importantes en la lucha contra el narcotráfico en Chihuahua.
La gobernadora precisó que la información disponible hasta el momento es la proporcionada oficialmente por la Fiscalía estatal, la cual se encuentra preparando un informe más detallado sobre el operativo. Insistió en que este resultado es un logro significativo que debe ser reconocido por su impacto en la seguridad de la región.
Chihuahua: colaboración con agentes extranjeros, un tema diplomático
Sin embargo, el tema tomó un giro político y diplomático tras darse a conocer que la gobernadora sostuvo una reunión en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El encuentro, que tuvo una duración aproximada de una hora, abordó la posible participación de agentes de Estados Unidos en operativos dentro del estado.
De acuerdo con la información difundida, la reunión se llevó a cabo en la sede de la SSPC, donde se discutió la presunta colaboración con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Este punto ha generado cuestionamientos debido a que, según la normativa mexicana, cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe ser gestionada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que aparentemente no ocurrió en este caso.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que existió una falla por parte de las autoridades estatales de Chihuahua al solicitar o permitir dicha operación sin apegarse al marco legal vigente. La mandataria federal enfatizó que este tipo de acciones contravienen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, las cuales establecen claramente los mecanismos para la participación de gobiernos extranjeros en asuntos de seguridad. https://x.com/Claudiashein
Sheinbaum explicó que la responsabilidad recae principalmente en el gobierno estatal, al no haber seguido los protocolos correspondientes. Asimismo, indicó que el embajador de Estados Unidos también debió notificar a las autoridades federales sobre cualquier tipo de intervención. Ante esta situación, informó que el Consejo de Seguridad fue convocado para emitir lineamientos claros a todos los gobernadores del país, recordando las disposiciones legales en materia de cooperación internacional.
En este contexto, se confirmó que tanto la gobernadora como el fiscal del estado deberán comparecer ante el Senado de la República para esclarecer las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo dicha colaboración. Este proceso buscará determinar posibles responsabilidades y garantizar el cumplimiento del marco jurídico nacional.
Mientras tanto, el desmantelamiento del narcolaboratorio sigue siendo un hecho relevante dentro de la estrategia de seguridad en Chihuahua. No obstante, la discusión pública se ha desplazado hacia los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, abriendo un debate sobre soberanía, legalidad y coordinación entre niveles de gobierno.
El caso de Chihuahua se posiciona así no solo como un logro operativo contra el crimen organizado, sino también como un punto de tensión política que podría sentar precedentes en la forma en que México regula la participación de agencias extranjeras en su territorio.
