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Tecámac en polémica nacional tras declaraciones de senadora sobre sacrificio de animales. La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra en el centro de una controversia luego de reconocer públicamente que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de aproximadamente 10 mil perros en situación de calle, lo que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad.
El tema salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales en el que funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna cuestionaron a la legisladora sobre estos hechos. En el intercambio, se le solicitó precisar el número de animales sacrificados durante su administración, a lo que respondió de manera directa: “Diez mil”.
Posteriormente, durante una conferencia de prensa la senadora, Gutiérrez Escalante defendió su actuación, asegurando que las acciones se realizaron conforme a la normatividad vigente. La senadora explicó que muchos de los animales sacrificados habían sido reportados por conductas agresivas, incluyendo ataques a personas.
“Fueron conforme a las normas oficiales mexicanas, porque ya habían sido violentadas diversas personas. Tengo documentado que habían mordido y habían agredido a la gente”, señaló, al tiempo que insistió en que las decisiones tomadas durante su administración tuvieron como prioridad la seguridad de la población.
No obstante, sus declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y entre organizaciones protectoras de animales, que cuestionaron tanto la magnitud de la cifra como los criterios utilizados para determinar el sacrificio de los perros. Activistas han exigido una revisión exhaustiva de los protocolos aplicados, así como transparencia en la información oficial.
Ante la presión mediática, la legisladora rechazó categóricamente las acusaciones de maltrato animal. “Rechazo categóricamente las afirmaciones que intentan vincularme con cualquier acto de maltrato animal. Mi compromiso ha sido y seguirá siendo el respeto a la protección y el bienestar de todos los seres vivos o sintientes”, declaró. Asimismo, sostuvo que la información difundida fue sacada de contexto y tergiversada.
Gutiérrez Escalante también destacó que, durante su gestión en Tecámac, se implementaron diversas acciones para atender la problemática de animales en situación de calle. Entre ellas, mencionó campañas de esterilización, programas de adopción, recuperación de animales y asesorías veterinarias. Según explicó, estas medidas formaban parte de una estrategia integral para el control de la fauna urbana en el municipio.
Sin embargo, la polémica trascendió el ámbito mediático y llegó a instancias legales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició una investigación de oficio para determinar si existieron delitos relacionados con el maltrato animal durante la administración de la ahora senadora.
De acuerdo con la dependencia, las indagatorias se enfocan en posibles violaciones al artículo 235 Bis del Código Penal estatal, el cual sanciona la muerte de animales que no constituyan plaga. Asimismo, se considera el artículo 235 Ter, que agrava las penas cuando estos actos son cometidos por servidores públicos encargados del manejo de animales.
La Fiscalía señaló que, conforme a la legislación vigente, este tipo de delitos podría alcanzar penas de hasta seis años de prisión en caso de comprobarse responsabilidades. “Ello con el objeto de determinar las responsabilidades a las que haya lugar”, indicó la autoridad en su posicionamiento oficial.
El caso ha reabierto el debate sobre las políticas públicas de control animal en México, particularmente en municipios con alta población de perros en situación de calle. Especialistas y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de privilegiar métodos éticos como la esterilización masiva, la educación ciudadana y el fomento a la adopción responsable, en lugar de recurrir al sacrificio como medida principal.
Mientras tanto, el caso de Tecámac continúa generando discusión a nivel nacional, no solo por las implicaciones legales que podría tener, sino también por el impacto social y ético que representa. La evolución de la investigación será clave para determinar si hubo responsabilidades y para sentar un precedente en la gestión de la fauna urbana en México.
